El Sistema Europeo Común de Retorno pretende acelerar la expulsión de los solicitantes de asilo a los que no se permite permanecer en la Unión Europea. En un movimiento inesperado, también abre la posibilidad de construir los polémicos centros de detención fuera del bloque.
PUBLICIDADEl reglamento revisado llena un vacío en el Pacto sobre Migración y Asilo que se aplicará a partir de julio de 2026 y pretende abordar el hecho de que sólo se ejecutan alrededor del 20% de las órdenes de expulsión anuales, según las instituciones de la UE.
Deben definirse las listas de países de origen seguros y de terceros países seguros a los que pueden ser enviados los solicitantes de asilo rechazados. En algunos de esos países pueden construirse los llamados "centros de retorno" con ayuda financiera de los Estados de la UE interesados.
"La Comisión ha presentado varios artículos que establecen la base jurídica para que los Estados construyan estos centros de deportación fuera de la Unión Europea, pero la Comisión no participará en su gestión", afirma Jorge Liboreiro, que cubre la política de asilo y migración para 'Euronews'.
Esa externalización de la migración ha sido apoyada por partidos de derechas y fue considerada inaceptable por el Ejecutivo comunitario en 2018, cuando intentó revisar por primera vez el reglamento para devolver a los solicitantes de asilo rechazados.
"Es realmente una normalización de una política que antes se consideraba extrema", afirma Jorge Liboreiro.
La mayor representación de políticos nacionalistas y conservadores en el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo en los últimos dos años ha llevado a los grupos poderosos, incluido el Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha, a aceptar la idea.
Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, es uno de los que ve valor en los eventuales acuerdos bilaterales para los centros de retorno.
"La Unión Europea impondrá determinadas disposiciones a estos acuerdos, concretamente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, en particular de los más vulnerables en los centros", afirma el legislador español del PPE.
Sin embargo, una colega belga de los Verdes en la comisión, Saskia Bricmont, no está tan convencida. "No habrá vigilancia de los derechos fundamentales. ¿Cómo va a controlarlo la UE en terceros países cuando hoy vemos, incluso sin estos centros oficiales, violaciones de los derechos humanos por todas partes?", se pregunta.
Obligaciones y sanciones
La Comisión Europea ha subrayado que los centros de retorno no son el aspecto central de la propuesta legislativa, afirmando que el énfasis se pone en las medidas para obtener una mayor cooperación de los solicitantes rechazados para abandonar el bloque voluntariamente.
El reglamento establece que el solicitante de asilo rechazado debe cooperar con las autoridades, lo que incluye facilitar información biométrica y de identificación, así como no fugarse a otro Estado miembro.
Si la persona no coopera, las consecuencias pueden incluir la reducción o denegación de prestaciones y subsidios, la incautación de documentos de identidad y prohibiciones de entrada más largas.
Probablemente se necesitarán largos meses de negociaciones para llegar a un acuerdo entre los colegisladores y el reglamento final puede estar sujeto a muchas enmiendas.
"Por un lado, entiendo a las personas que emigran a otros países porque escapan de situaciones muy difíciles y delicadas. Por otro lado, necesitamos más normas, ya que, sobre todo en Italia, hay demasiada confusión", afirma un ciudadano romano consultado por 'Euronews' sobre el tema, señalando la dificultad de encontrar un equilibrio.
Los Estados de la UE señalaron la intención de aplicar un cambio de paradigma en su política el pasado mes de octubre, en una carta firmada por 12 países.
"Italia, Dinamarca y los Países Bajos han liderado los debates políticos en torno a la externalización, reuniendo a otros países en una especie de coalición. Creo que estos tres países también podrían presionar para construir los centros, ahora que la normativa está sobre la mesa", afirma Jorge Liboreiro.
Los tribunales nacionales y europeos pueden plantear dudas sobre la legalidad, como ocurrió con un centro de tramitación de asilo construido por Italia en Albania, fruto de un acuerdo bilateral. La infraestructura ha estado paralizada por acciones judiciales, pero el Gobierno de Meloni podría plantearse ahora convertir el centro en un "centro de retorno".
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Periodista: Isabel Marques da Silva
Producción de contenido: Pilar Montero López
Producción de vídeo: Zacharia Vigneron
Grafismo: Loredana Dumitru
Coordinación editorial: Ana Lázaro Bosch y Jeremy Fleming-Jones