El ministerio de Justicia de España anunció el 16 de febrero de 2019 que no aceptaría más pruebas de ADN, las cuales certifican la paternidad o maternidad de uno de los progenitores de los niños concebidos en el extranjero por gestación subrogada.
PUBLICIDADMás de 65 familias españolas se encuentran atrapadas en Ucrania, desde que España cerrara las puertas a los bebés gestados por vientres de alquiler hace menos de tres meses.
El 16 de febrero de 2019, el ministerio de Justicia de España anunció que no aceptaría más pruebas de ADN, las cuales certifican la paternidad o maternidad de uno de los progenitores de los niños concebidos en el extranjero por gestación subrogada; una prueba necesaria para ser registrados como ciudadanos españoles.
Entonces, la embajada española en Kiev marcó el límite de inscripciones a los 39 bebés ya nacidos, pero dejó en el limbo de la incertidumbre a aquellas parejas con madres gestantes ucranianas en la recta final de su embarazo.
Las autoridades ucranianas les han prometido proporcionarles pasaportes ucranianos en un período de tres meses, para poder volver legalmente a España y tramitar los últimos papeles. Sin embargo, la situación es muy incierta para los afectados.
Euronews ha ado con Nathalie Maat, una española que ha sido madre en Ucrania y desde marzo no ha podido volver a España.
La espera en Ucrania
"Estamos indignados, atrapados", asegura tajante Maat, desde Kiev. Esta española lleva desde el 5 de marzo, el día en que nació su hija, por medio de una madre gestante ucraniana, esperando que las autoridades españolas o ucranianas le concedan un pasaporte para poder viajar de vuelta.
Su decisión de recurrir a una gestación subrogada en Ucrania llegó después de que un cáncer la imposibilitara para tener hijos de forma biológica y de que le denegaran una adopción. En ese momento comprendió que sus posibilidades de ser madre eran escasas, explica. Fue entonces cuando decidió con su marido recurrir a la maternidad subrogada en Ucrania.
Maat dice que todo se desarrollaba perfectamente hasta el anuncio de laMinistra de Justicia, Dolores Delgado. La gestante estaba embarazada de 8 meses en ese momento y ya no podían dar marcha atrás.
El nacimiento de su hija lo describe como un evento maravilloso, a la par que problemático. Dice que el Gobierno español, al no aceptar las muestras de ADN, no le dejó otra alternativa que quedarse en la capital ucraniana con su bebe apátrida. Desde entonces, no se ha puesto en o con ella, ni le ha ofrecido ninguna alternativa.
Piensa que no es justo que solo 39 familias pudieran regresar y que no hubiese un período de transición para las demás, considerando que cuando declararon esta medida su hija estaba a punto de nacer. "No hemos hecho nada ilegal", denuncia.
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También, recalca que no es legal dejar a un niño sin nacionalidad y que la prueba de ADN tendría que ser suficiente. La legislación española dice que la nacionalidad la obtienen los nacidos de padre o madre española.
Maat apela además a las declaraciones de UNICEF y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo con respecto a los derechos de la menor y de los padres.
“Cada niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad”, dice un informe conjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), publicado en febrero en especial alusión a los hijos de refugiados y minorías étnicas nacidos en Europa.
“Los gobiernos no solo tienen la responsabilidad de adoptar medidas de protección que eviten que un niño nazca sin nacionalidad, sino también de proporcionar ayuda legal y apoyo para garantizar que cada niño apátrida ejerza su derecho a la ciudadanía”, añade.
Euronews ha ado con la oficina de esta organización en España para preguntarle si estos principios se aplican a los niños nacidos por maternidad subrogada, pero han respondido que "lamentablemente no es un asunto sobre el que UNICEF tenga un posicionamiento, ni sobre el que nos hayamos pronunciado".
Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que, como en el caso de Nathalie Maat, el derecho debe prever "la posibilidad de reconocer la relación entre un niño nacido como consecuencia de una maternidad sustitutiva gestacional practicada en el extranjero y el padre intencional cuando éste sea el padre biológico".
Pero, precisa que es un tema delicado porque "no hay consenso dentro de los Estados del Consejo de Europa, y cuando el caso plantea cuestiones morales o éticas, el margen de apreciación es amplio".
Concluye por decir que el artículo 8 no obliga a los Estados a reconocer una "filiación entre el niño y la madre intencional" y que son ellos quiénes deben evaluar el vínculo "legalmente establecido en el extranjero, decidir sí reconocerlo más tarde, cuando se haya materializado".
La gestión subrogada: el debate en España
La gestación subrogada está en medio de un debate de plena actualidad en España, ya que ha sido utilizada por los partidos políticos como argumento a favor y en contra durante la campaña electoral de las elecciones general del pasado 28 de abril.
"A las familias españolas en Ucrania no se les impide volver", afirma a Euronews Teresa Domínguez, miembro de la plataforma feminista "Stop vientres de alquiler". "La vía legal que tienen es solicitar el pasaporte ucraniano, y un posterior juicio en España para solicitar la 'adopción intrafamiliar', es decir, el reconocimiento de su vínculo con la madre española cuando no existe una sentencia judicial de filiación paterna".
En cambio, Nathalie aclara que no se les permite volver, porque "España no reconoce la afilación paterna", por consiguiente no tienen derecho al pasaporte español, pese a que Ucrania reconoce a los dos padres españoles de la menor y no entienden que no este registrada en el consulado español.
La asociación dice que no es ético la gestación subrogada porque "es una forma de explotación reproductiva de la mujer y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial". "En la mayoría de casos, son mujeres pobres o con necesidades, frente a un sector de la población que puede permitirse comprar lo que necesita o desea", defiende.
Domínguez recuerda que la ley española y de otras naciones de la UE están de su lado, así como la ONU. Ucrania atrae decenas de parejas españolas con una de las leyes más laxas de Europa en gestación subrogada, que permite a parejas, incluso extranjeras, pagar por una madre de alquiler con la única condición de que sean heterosexuales.
"Tener hijos es un deseo legítimo, pero no se trata de un derecho", nos dice la activista. "El único derecho que existe es el que atiende a los niños, según recoge la Declaración de los Derechos del Niño aprobado por la ONU en 1959", añade.
Sin embargo, el principio 3 de la misma declaración también apunta que "el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad".
Una de las soluciones que propone Domínguez es que los trámites de adopción se agilicen, "siempre manteniendo todas las garantías legales y de seguridad".
"También somos conscientes de que se necesitan más recursos de apoyo a las familias, especialmente en los casos de adopciones internacionales; así como mayor información y formación para los padres, tanto previos a la adopción como posteriores".
Para Maat la cuestión no es gestación subrogada sí o no en España, sino que se trata del derecho de decenas de niños españoles atrapados en Kiev, en manos de una decisión política del Gobierno de España. mientras que parejas de otras nacionalidades pueden conseguir la documentación para registrar a sus bebés sin ningún problemas.
Maat añade que este tipo de plataformas contra la maternidad subrogada dan voz a personas que no conocen la situación y complican las ya delicadas circunstancias de sus hijos.
Nathalie insisté en que "las mujeres, los hombres y las personas tenemos derecho a decidir, siempre y cuando que con nuestros derechos no se vulnére el derecho de otras personas. La gestación subrogada no vulnéra el derecho de las otras personas y más cuando ellas se han presentado voluntariamente, y conscientemente".
¿Qué está pasando en Ucrania?
Maat dice que cada año 800 parejas españolas recurren a Ucrania con el sueño de convertirse en padres, un país, insiste, dónde la legislación se lo permite. A raíz de la reciente problemática, Ucrania se está planteando prohibir la gestación subrogada a extranjeros que provengan de naciones en las cuales sea considerado delito.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dice que la Embajada de España en Kiev está realizando gestiones con las autoridades ucranianas para estudiar alternativas, y que "atiende de manera individualizada a las familias españolas que se encuentran en el país para informarles sobre la legislación vigente y las posibilidades legales y para ayudarles a buscar la mejor solución posible".
No obstante, Maat asegura que no están recibiendo ningún tipo de atención por parte de las autoridades españolas y que pasa sus días haciendo gestiones y escritos que consigan movilizar su situación para conseguir los derechos legítimos a su hija española.
Antes, si hubiera sabido por todo lo que iba a pasar, dice que probablemente se lo hubiera replanteado, pero ahora que tiene a su hija en sus brazos, todo ha merecido la pena.