La exconsellera, visiblemente emocionada durante su interrogatorio de tres horas, ha achacado su inacción a su inexperiencia en el cargo y en materia de emergencias.
PUBLICIDADLa exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, ha defendido a Carlos Mazón durante su comparecencia ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, donde está siendo investigada por sus responsabilidades tras la catástrofe climática de la DANA en la Comunidad Valenciana.
Pradas ha asegurado que la ausencia del presidente de la Generalitat durante la tarde de la catástrofe, mientras políticos y técnicos de emergencia mantenían una reunión de emergencia al respecto, no influyó en el retraso del mensaje de alerta a la población. Es más: la exdirigente ha achacado directamente la mala gestión realizada a diferentes funcionarios autonómicos.
Hace unas semanas, José Ángel Núñez, jefe de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Valencia y uno de los cargos técnicos presentes en la fallida reunión, aseguró en una entrevista en la 'Cadena SER' que Pradas entró y salió de la sala en numerosas ocasiones para hacer llamadas, pero sin llegar a tomar y ejecutar decisiones.
La exconsellera del Partido Popular valenciano ha llegado a los juzgados entre gritos de "asesinos" y "Mazón dimisión". Ella es, junto a su entonces número dos, el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, la única investigada en la causa que juzga la gestión de la DANA. Durante su declaración de tres horas celebrada esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia, la expolítica solo ha respondido a preguntas de su abogado y ha roto a llorar en varios momentos. Pradas ha asegurado ante la juez que ella carecía de la experiencia y de los conocimientos necesarios para hacer frente a la emergencia.
La exconsellera ha facilitado a la magistrada un listado de llamadas que, presuntamente, realizó durante el día de la catástrofe, en donde aparecen más de cien registros. Entre ellos aparece el número del ausente Mazón. A fecha de hoy se desconoce su paradero exacto, ya que este ha realizado varios cambios de versión al respecto. La juez ha descartado pedir su comparecencia a menos que el dirigente autonómico conservador decida declarar voluntariamente. Su cargo al frente del Consell le garantiza su condición de aforado.
Mientras evadía responsabilidades, Pradas ha culpabilizado al exinspector de Bomberos José Miguel Basset, así como al personal de otras istraciones locales y estatales. "Todos eran expertos menos la delegada del Gobierno y yo, las representantes institucionales", ha llegado a decir la exconsellera.
Pradas considera que la AEMET erró en sus pronósticos y ha culpado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, responsable de la gestión de los caudales en la zona afectada, de no haber proporcionado información suficiente sobre el desbordamiento de los barrancos. Sin embargo, la actuación de algunas instituciones públicas como la Universidad de Valencia, la cual pidió a su personal y a su alumnado no asistir a las aulas ante la alerta roja de la AEMET, contradice las alegaciones de Pradas. La expolítica fue destituida por Mazón el pasado 22 de noviembre, cuando no había pasado ni un mes desde la catástrofe de la DANA, en la que murieron 227 personas. Una persona continúa en paradero desconocido.
En su comparecencia posterior, Emilio Argüeso también ha culpabilizado a determinados funcionarios de la mala gestión realizada. El abogado de la acusación particular de la asociación Damnificados por la DANA Horta Sud, Gonzalo León, ha acusado a Pradas de "echar balones fuera", y asegura que ninguno de los dos investigados ha asumido responsabilidades "y se han limitado a decir que no tenían información suficiente para adoptar ninguna otra medida". Hasta tres asociaciones de víctimas se han concentrado en la puerta de la Ciudad de la Justicia para exigir respuestas sobre la gestión de la DANA. La Fiscalía ha reiterado la petición de imputación a Pradas pero ha pedido que se retire la de Argüeso, al considerar que debe pesar más la actuación y no el mero cargo de los investigados.