El nuevo reglamento de Extranjería se estrena con polémica. Las ONG denuncian que la reforma del reglamento impide que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, se pueda usar para el permiso de residencia.
PUBLICIDADEl Gobierno español ha puesto en marcha este martes el nuevo Reglamento de Extranjería, una normativa con la que pretende facilitar la regularización de hasta 900.000 inmigrantes en los próximos tres años. La iniciativa busca simplificar trámites, eliminar duplicidades y crear nuevas categorías de arraigo, aunque también ha generado críticas por su impacto en solicitantes de asilo y menores en situación de vulnerabilidad.
Estos son los principales cambios: nuevas formas de arraigo y mejoras en la reagrupación familiar
El reglamento introduce cinco tipos de arraigo (una vía legal para que los extranjeros irregulares puedan estabilizar su estancia): social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Una de las novedades destacadas es que ahora los inmigrantes podrán trabajar, ya sea por cuenta ajena o propia, desde el primer momento. Además, el tiempo necesario de permanencia en España para optar al arraigo social se reduce de tres años a dos.
En cuanto a la reagrupación familiar, la normativa amplía los derechos de los familiares de ciudadanos españoles. Ahora, hijos de hasta 26 años y parejas no registradas formalmente podrán beneficiarse de esta figura, siempre que puedan acreditar una relación estable y afectiva.
Visados y oportunidades laborales
El reglamento introduce un esquema más claro para los visados, con autorizaciones iniciales de un año y renovaciones que se extenderán a cuatro años. Además, se amplía a un año la duración del visado para búsqueda de empleo, lo que según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permitirá a las personas encontrar oportunidades laborales acordes a su perfil y responder a las demandas de las empresas.
Cambios para estudiantes y críticas por el impacto en solicitantes de asilo
Los estudiantes extranjeros también se verán beneficiados, con permisos de estancia adaptados a la duración de sus estudios y la posibilidad de trabajar hasta 30 horas semanales. Al finalizar su formación, contarán con una vía directa para acceder a permisos de trabajo.
Sin embargo, la normativa ha generado polémica al excluir el tiempo como solicitante de protección internacional del cómputo para acceder al arraigo. Esto significa que quienes vean denegada su solicitud de asilo podrían quedar en situación irregular hasta por dos años. Aunque se ha establecido una medida transitoria que reduce este plazo a seis meses durante el primer año de aplicación, muchas ONGs han denunciado el impacto negativo sobre los derechos de los inmigrantes y menores.
Recursos legales y respuesta política
Varias organizaciones, como Cáritas o la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado (CEAR) han llevado el reglamento ante el Tribunal Supremo por considerar que fomenta la irregularidad sobrevenida. Además, el Defensor del Pueblo alertó recientemente que la nueva normativa podría afectar negativamente a miles de menores inmigrantes.
Ante estas críticas, el Gobierno ha acelerado el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes, respaldada por más de 600.000 firmas. La propuesta, que había estado estancada durante más de un año, ahora cuenta con apoyo del PSOE y busca regularizar a medio millón de personas que residían en España antes del 31 de diciembre de 2023. Aunque el nuevo reglamento es considerado un paso importante hacia una política migratoria más inclusiva, sus efectos colaterales continúan siendo objeto de debate entre el Ejecutivo, las organizaciones sociales y la oposición política.
"La nacionalidad no puede ser un regalo ni un arma política"
La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha rechazado tajantemente el nuevo reglamento de Extranjería, que entró en vigor este martes, argumentando que representa un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de "configurar el censo" con fines políticos. Millán expresó su postura en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
"La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo, y mucho menos un arma política para configurar el censo, que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez", afirmó. Millán también criticó que la flexibilización de los requisitos para el arraigo podría permitir a casi un millón de inmigrantes en situación irregular obtener la regularización. "El Ejecutivo ha reducido el periodo de permanencia necesario en España a dos años, salvo en el caso del arraigo familiar, que directamente no lo requiere. Flexibilizan hasta el extremo esta figura para lograr sus objetivos políticos", señaló.
Además, advirtió sobre los riesgos de aplicar estas medidas en el contexto actual. "Los planes del Gobierno son especialmente peligrosos por el contexto en el que nos encontramos", agregó, sin detallar los elementos que considera amenazantes. La portavoz de VOX subrayó que estas políticas no responden auna gestión ordenada de la inmigración, sino a una estrategia partidista que, según su visión, compromete el bienestar del país.
"El nuevo reglamento flexibiliza el al arraigo, pero penaliza a los solicitantes de asilo"
Según Elena Muñoz, coordinadora estatal del Área Jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el nuevo reglamento facilita la regularización para las personas en situación irregular. Explica que, a diferencia de la normativa anterior, ya no es necesario cumplir tres años para acceder al arraigo, ya que "ahora todos los tipos de arraigo se igualan". Además, señala que los requisitos también se han flexibilizado, como la reducción de la jornada laboral exigida en los contratos, que pasa de 30 a 20 horas semanales. Para Muñoz, estas modificaciones representan "mejoras significativas para la población migrante en general".
Sin embargo, la experta destaca que el reglamento incluye medidas perjudiciales para los solicitantes de asilo. "Mientras están en trámite, no pueden optar al arraigo, y si finalmente su solicitud es denegada, el tiempo transcurrido como solicitantes no se contabiliza", señala. Esto, asegura, puede llevar a muchos a pasar meses o incluso años en situación irregular.
Muñoz subraya una excepción: "Durante el primer año de aplicación de la nueva normativa, aquellos solicitantes de asilo a quienes ya se les haya denegado podrán acogerse al arraigo tras seis meses". Sin embargo, lamenta que, aunque la ley establece un plazo de seis meses para resolver las solicitudes de asilo, "la istración no cumple con esta previsión y muchas personas llevan esperando más de dos años". Antes, este tiempo se consideraba parte del arraigo, pero ya no. Según explica, esta parte del reglamento ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por considerarse que puede vulnerar derechos fundamentales, y se espera que "el proceso no se prolongue demasiado".
En cuanto a los menores, Muñoz señala avances importantes, como la posibilidad de que aquellos nacidos en España puedan regularizarse en un plazo de seis meses desde su nacimiento o adopción. Sin embargo, advierte que "este plazo puede resultar insuficiente en casos donde la documentación o los trámites se retrasan". Por otro lado, subraya que, para los menores no acompañados, "es obligación de la istración iniciar el trámite de residencia". En este contexto, critica el cambio en la interpretación del silencio istrativo, que ahora pasa de positivo a negativo, lo que significa que, "si no se emite una respuesta en plazo, se entenderá denegada la residencia".
Finalmente, insiste en la necesidad de dotar a las oficinas de extranjería de más personal y recursos tecnológicos. Aunque reconoce que el reglamento simplifica algunos procedimientos, advierte que "sigue habiendo una carga burocrática significativa que complica los procesos".
"Muchas personas están renunciando a solicitar asilo por miedo a quedar en irregularidad"
Por su parte, Diego Fernández-Maldonado, encargado de incidencias sobre movilidad humana en Cáritas España, considera que el nuevo reglamento introduce avances como la reducción del tiempo necesario para acceder al arraigo a dos años, igualándolo para todos los casos. Sin embargo, expresa preocupación por algunos elementos, en especial aquellos relacionados con los solicitantes de asilo. Según explica, "aunque muchas de estas personas están plenamente arraigadas en el país, el nuevo reglamento no lo reconoce". Si se les deniega el asilo, "deberán iniciar un nuevo proceso de dos años para regularizar su situación", lo que representa un retroceso.
Fernández-Maldonado señala que esta situación ha llevado a muchas personas a tomar decisiones difíciles, como "renunciar a solicitar protección internacional para evitar quedar en situación irregular". Asegura que la falta de recursos en la istración pública es uno de los factores que agravan el problema, ya que "se alarga significativamente el tiempo necesario para resolver las solicitudes", algo que afecta de forma directa a las condiciones de vida de los inmigrantes.
En relación con los menores, comenta que, aunque los menores no acompañados mantienen un régimen favorable, "no se han producido avances significativos en la garantía de sus derechos". Tampoco se han mejorado las condiciones de la figura de la reagrupación familiar, lo que, según indica, "fomenta la desaparición de menores o las reagrupaciones informales".
Por último, destaca que "el colapso de las oficinas de extranjería y la dependencia creciente de los procedimientos telemáticos plantean nuevos obstáculos para los migrantes", especialmente para aquellos que no tienen a certificados electrónicos. Desde Cáritas, afirma, siguen insistiendo en la necesidad de "reforzar los recursos humanos y tecnológicos de estas oficinas para garantizar una atención más cercana y eficiente". Subraya que "cualquier mejora normativa debe ir acompañada de un sistema istrativo más ágil y accesible".