Cinco organizaciones de derechos humanos querían celebrar una manifestación para defender la igualdad de derechos de la comunidad LGBTQ+.
PUBLICIDADEl 1 de junio, cinco organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional Hungría, la Background Society, el Comité Húngaro de Helsinki, la Rainbow Mission Foundation (fundación del Orgullo de Budapest) y la Society for Civil Liberties, planearon una marcha pacífica por la avenida Andrássy. El objetivo de la manifestación era concienciar sobre la importancia de actuar contra la transexualidad y la homofobia y defender la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+.
Los organizadores notificaron a la Policía la concentración prevista, pero la Policía prohibió el acto. Zsolt Szekeres, asesor jurídico del Comité Húngaro de Helsinki, declaró a 'Euronews' que la decisión era ilegal, sobre todo teniendo en cuenta que la Policía no sólo había reconocido, sino que había garantizado el derecho a celebrar una manifestación por los derechos LGBTQ+ unos días antes. El 17 de mayo se celebró en Budapest una marcha con motivo del Día Mundial contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia.
Se suponía que no estaba permitida porque sería demasiado similar a la marcha del Orgullo. La policía prohibió el acto citando un cambio en la ley, que dice que está prohibido celebrar una manifestación que muestre la homosexualidad o las minorías sexuales, ya que "viola los derechos de los niños".
El razonamiento en que se basa la decisión de prohibir el acto. Este derecho prevalece sobre todos los demás derechos fundamentales, con excepción del derecho a la vida". El 18 de marzo, el Parlamento votó a favor de un proyecto de ley para prohibir el Orgullo. Prohíbe las concentraciones que promuevan la homosexualidad y el cambio de sexo, y podría imponer multas de hasta 200.000 forints (unos 492 euros) a organizadores y participantes.
Según el Comité de Helsinki, al prohibir el acto del domingo, el Estado restringe de forma arbitraria y discriminatoria uno de los derechos democráticos más fundamentales: el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión.
Las cinco organizaciones afectadas están impugnando la decisión policial ante los tribunales y "están trabajando con más ahínco si cabe para presentar el caso, que podría ser el primer paso hacia la anulación de la ley conocida como la prohibición del Orgullo en tribunales nacionales o internacionales".