Los informantes de la mafia han dirigido a la Policía hacia lugares específicos donde se vertía basura tóxica.
PUBLICIDADUn tribunal europeo de alto nivel ha dictado una dura sentencia contra Italia, al considerar que ha violado el derecho a la vida de 2,9 millones de ciudadanos que viven en una zona contaminada por residuos tóxicos en los alrededores de Nápoles. La zona es conocida como la 'Tierra de los Fuegos' (Terra dei Fuochi), debido al vertido y la quema de basura y residuos tóxicos que se lleva a cabo allí durante décadas. Las autoridades afirman que las bandas mafiosas italianas de la Camorra están detrás de la quema y el vertido, ya que controlan la eliminación de residuos en la zona.
Los informantes de la Camorra han revelado cómo funciona el negocio, dirigiendo a la Policía a lugares específicos donde se vertían residuos tóxicos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado al Gobierno dos años para abordar y controlar la contaminación y los problemas de salud resultantes.
Mayores tasas de cáncer en la Terra dei Fuochi
La sentencia vinculante del tribunal con sede en Estrasburgo confirmó que se habían registrado mayores tasas de cáncer y contaminación de las aguas subterráneas en la zona de 90 municipios.
El tribunal determinó que las autoridades italianas conocían el problema de la contaminación desde 1988, pero no lo abordaron y no hicieron lo necesario para proteger las vidas de los residentes. Los residentes llevan mucho tiempo quejándose de los efectos adversos para la salud de los vertidos, que han envenenado los pozos subterráneos utilizados para regar las tierras agrícolas que proporcionan verduras a gran parte del centro y el sur de Italia.
Altos niveles de plomo y arsénico
A lo largo de los años, la Policía ha confiscado docenas de campos porque sus pozos de riego contenían altos niveles de plomo, arsénico y el disolvente industrial tetracloruro. Las autoridades dicen que la contaminación se debe a la red multimillonaria de la Camorra para deshacerse de los residuos tóxicos, principalmente de las industrias del rico norte de Italia que no preguntan a dónde va la basura, siempre y cuando se la quiten de encima, por una fracción del coste de la eliminación legal.
41 personas que viven en las provincias de Caserta o Nápoles y cinco organizaciones locales llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.