Los Estados y el Parlamento Europeo alcanzaron el miércoles un importante acuerdo para reformar la política migratoria del bloque, culminando un ambicioso esfuerzo de tres años que en ocasiones parecía condenado al fracaso.
PUBLICIDADEl acuerdo, que es preliminar y aún debe someterse a ratificación formal, se selló tras unas conversaciones maratonianas que comenzaron el lunes por la tarde, continuaron durante todo el martes y concluyeron el miércoles por la mañana, una intensidad que refleja lo mucho que había en juego.
Las negociaciones se centraron en un amplio y complejo abanico de cuestiones abiertas. Como los periodos de detención, la elaboración de perfiles raciales, los menores no acompañados, las operaciones de búsqueda y rescate y la vigilancia fronteriza.
El Consejo, liderado por la presidencia española, defendió una postura rígida para dar a los Estados el mayor margen de maniobra posible para gestionar la migración, entre otras cosas ampliando una propuesta de procedimiento de asilo acelerado al mayor número posible de solicitantes. Por otra parte, el Parlamento insistió en disposiciones más estrictas para respetar los derechos fundamentales de las personas que entran en Europa.
Con las vacaciones de invierno cada vez más cerca, los colegisladores se vieron sometidos a una presión cada vez mayor para limar sus diferencias, en algunos casos profundas, y lograr el tan esperado avance. Gracias al salto del miércoles, el bloque podrá sacar adelante cinco textos legislativos interrelacionados que redefinen las normas para acoger, gestionar y reubicar colectivamente la llegada irregular de inmigrantes.
Las leyes, conocidas como Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, se presentaron por primera vez en septiembre de 2020 en un intento de pasar página a décadas de gestión ad hoc de las crisis, en las que los gobiernos tomaban medidas unilaterales y descoordinadas para hacer frente al fuerte aumento de solicitantes de asilo.
Estas políticas unilaterales socavaron gravemente la toma de decisiones colectiva de la UE y dejaron a Bruselas como un espectador inconsecuente en lo que es posiblemente el asunto políticamente más explosivo de la agenda.
En esencia, el Nuevo Pacto pretende establecer normas predecibles y claras que vinculen a todos los Estados , independientemente de su situación geográfica y peso económico. El objetivo último es encontrar un equilibrio entre la responsabilidad de las naciones de primera línea, como Italia, Grecia y España, que reciben la mayor parte de los solicitantes de asilo, y el principio de solidaridad que deben defender los demás países.
"Es un momento histórico", celebró la noticia Ylva Johansson, comisaria europea de Interior.
El acuerdo preliminar del miércoles se traducirá ahora en textos legales modificados, que deberán ser aprobados primero por el Parlamento y, posteriormente, por el Consejo. Dada la extrema sensibilidad del asunto no hay que descartar exigencias de última hora por parte de los gobiernos. No obstante, la aprobación en el Consejo se hará por mayoría cualificada, lo que significa que los países individuales no podrán vetar.
El ciclo debe concluir antes de que Bruselas se paralice por completo ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas para principios de junio.
Cinco leyes, un pacto
El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo es un proyecto legislativo con un enfoque global que pretende englobar todos los aspectos de la gestión de la migración, desde el mismo momento en que los inmigrantes llegan al territorio del bloque hasta la resolución de sus solicitudes de protección internacional.
En general, se pretende cubrir la "dimensión interna" de la migración, mientras que la "dimensión externa" se aborda mediante acuerdos a medida con países vecinos, como Turquía, Túnez y Egipto.
Las cinco leyes que contiene el Nuevo Pacto son:
- El Reglamento de Control, que prevé un procedimiento previo a la entrada para examinar rápidamente el perfil de un solicitante de asilo y recoger información básica como nacionalidad, edad, huellas dactilares e imagen facial. También se llevarán a cabo controles sanitarios y de seguridad.
- El Reglamento Eurodac modificado, que actualiza Eurodac, la base de datos a gran escala que almacenará las pruebas biométricas recogidas durante el proceso de selección. La base de datos pasará de contabilizar las solicitudes a contabilizar a los solicitantes para evitar solicitudes múltiples con el mismo nombre.
- El Reglamento de Procedimientos de As****ilo (RPA) modificado, que establece dos posibles pasos para los solicitantes de asilo: un procedimiento fronterizo acelerado, con una duración máxima de 12 semanas, y el procedimiento de asilo tradicional, más largo y que puede durar varios meses hasta su conclusión definitiva.
- El Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración, que establece un sistema de "solidaridad obligatoria" que se activará cuando uno o varios Estados se vean sometidos a "presión migratoria" y ofrecerá a los países tres opciones para ayudar: reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo, pagar una contribución por cada solicitante que se nieguen a reubicar y financiar el apoyo operativo.
- El Reglamento de Crisis, que prevé normas excepcionales que se aplicarán únicamente cuando el sistema de asilo del bloque se vea amenazado por una llegada repentina y masiva de refugiados, como ocurrió durante la crisis migratoria de 2015-2016, o por una situación de fuerza mayor, como la pandemia de COVID-19. En estas circunstancias, las autoridades nacionales podrán aplicar medidas más duras, incluidos periodos de internamiento más largos.
Las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento llevaban meses desarrollándose, primero en conversaciones separadas sobre cada expediente legislativo y, más recientemente, en el llamado formato "jumbo", en el que los cinco proyectos de ley se examinaron todos a la vez bajo el mantra "nada está acordado hasta que todo esté acordado".
Las discusiones se convirtieron en un intenso ir y venir, en el que cada parte intentaba mantener su posición frente a las exigencias de la otra. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado español en su tercer mandato y ponente del Reglamento de Crisis, describió el proceso como "el más duro que he vivido".
Los Estados estaban empeñados en preservar el reñido compromiso que habían alcanzado entre ellos tras años de infructuosos y enconados debates para reformar la política migratoria del bloque. El compromiso era especialmente delicado en el sistema de "solidaridad obligatoria" previsto en el AMMR: los países habían acordado una cuota anual de 30.000 reubicaciones y una contribución de 20.000 euros por cada solicitante de asilo que rechacen.
Pero a los legisladores les molestó la postura inflexible del Consejo e instaron a la flexibilidad para llegar a un punto intermedio. Algunas de las últimas diferencias pendientes eran el alcance del procedimiento fronterizo de 12 semanas, la detención de solicitantes irregulares, un mecanismo de control de los derechos fundamentales y el concepto de terceros países seguros.
Polonia y los países bálticos abogaron por normas especiales para hacer frente a la instrumentalización de los inmigrantes, un fenómeno que ellos mismos sufrieron en primera persona en 2021, cuando Bielorrusia orquestó una entrada de solicitantes de asilo en represalia por las sanciones internacionales.
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias intensificaban su campaña pública para advertir del riesgo de que el nuevo pacto normalice las detenciones "arbitrarias" y devuelva a los inmigrantes a países donde sufren violencia y persecución.
"Somos muy conscientes de que la política suele ser una cuestión de compromiso. Pero hay excepciones, y los derechos humanos no pueden comprometerse. Cuando se debilitan, hay consecuencias para todos nosotros", afirmaron más de 50 ONG en una carta abierta esta semana.
El acuerdo del miércoles se produce días después de que Frontex, la agencia de fronteras y guardacostas del bloque, dijera que los cruces irregulares de fronteras habían superado los 355.000 incidentes en los primeros 11 meses del año, la cifra más alta para ese período desde 2016.
El continuo aumento de los incidentes de cruce de fronteras dio un nuevo impulso a las negociaciones y sacó al Nuevo Pacto del limbo político en el que se encontraba desde 2020.