El ministro de Asuntos Europeos húngaro, János Bóka, insiste en que no pagará la multa de 200 millones de euros impuesta por los tribunales de la UE por restringir el derecho de asilo, aunque Bruselas ha puesto en marcha un procedimiento especial para deducir la suma de los fondos comunitarios.
PUBLICIDADHungría está dispuesta a hacer cumplir una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) que declaró ilegales las restricciones impuestas desde hace tiempo al derecho de asilo, según declaró el martes el ministro de Asuntos Europeos, János Bóka. Pero Bóka insistió en que no pagará la cuantiosa multa ya impuesta por los jueces, que crece cada día que no se cumple el acuerdo.
En junio, el máximo tribunal de la UE dictaminó que Hungría había cometido una infracción legal "sin precedentes y excepcionalmente grave" al hacer prácticamente imposible que los solicitantes de asilo presentaran solicitudes de protección internacional.
Los jueces impusieron una multa de 200 millones de euros, más un millón por cada día que continuara la irregularidad. Las numerosas peticiones de la Comisión Europea para que Budapest reaccione se han topado con un silencio continuo. La semana pasada, la Comisión puso en marcha un "procedimiento de compensación" para deducir 200 millones de euros de la parte que le corresponde al país de los fondos de la UE, que ya están parcialmente congelados por temor a un retroceso democrático en el país.
"En lo que respecta a la sanción económica, puedo confirmar que el Gobierno húngaro no la pagará", declaró Bóka a la prensa. "Según tengo entendido, la Comisión dispone de otras herramientas para recuperar esta suma". Pero el Gobierno está dispuesto a colaborar de "forma constructiva" con Bruselas para garantizar el cumplimiento de la sentencia del TJUE, dijo Bóka tras una reunión ministerial en Bruselas, que había presidido como Presidencia del Consejo de la UE.
Acatar el veredicto exigiría a Hungría levantar todas las restricciones al procedimiento de asilo que los jueces consideren contrarias a la legislación de la UE. "Hemos acordado un calendario sobre cómo llevaremos a cabo estas discusiones y también sobre los aspectos técnicos y los canales de comunicación", dijo Bóka, refiriéndose a su reciente reunión con Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior de la UE.
El ministro dijo que Budapest estaba estudiando "las posibilidades legales de compensar ciertos gastos en los que hemos incurrido en la protección de la frontera" con la multa. Las autoridades húngaras afirman que han gastado 2.000 millones de euros desde 2015 para frenar la inmigración, pero Bruselas ha negado su afirmación de que Budapest deba ahora el reembolso de esa suma.
"Es responsabilidad de la Comisión aplicar la decisión del Tribunal de Justicia de la UE", dijo Didier Reynders, comisario de Justicia, en la rueda de prensa. "No será la primera vez que utilicemos las distintas herramientas para garantizar que recibimos la cantidad decidida por el tribunal. Está muy claro", añadió.
Aunque no haya plena sintonía con Bruselas, los comentarios de Bóka sugieren una voluntad de resolver el litigio antes de que las sanciones se disparen aún más. La Comisión ya ha pedido 93 millones de euros y podría exigir más si persisten las irregularidades. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha calificado la multa de "escandalosa" y ha intensificado su retórica euroescéptica, mientras que sus ministros han provocado una nueva polémica al amenazar con enviar a los inmigrantes en autobús a Bruselas.