La Defensora del Pueblo Europeo ha pedido "criterios concretos" para suspender los fondos de la UE destinados a Túnez en caso de abusos contra los derechos humanos.
PUBLICIDADEl polémico acuerdo firmado entre la Unión Europea (UE) y Túnez ha vuelto a ser objeto de escrutinio por la situación de los derechos humanos en el país norteafricano y la falta de transparencia por parte de Bruselas.
En un comunicado publicado este miércoles, la Defensora del Pueblo Europeo criticó a la Comisión Europea por no publicar "ninguna información" relacionada con los riesgos que identificó antes de firmar el acuerdo en julio de 2023. Esta evaluación se hizo de forma "cuidadosa y diligente", pero se quedó corta respecto a las tradicionales evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos que el organismo de control prefiere, ya que "se hacen públicas para el escrutinio público".
"También es imposible pasar por alto, en este contexto, los informes profundamente preocupantes que siguen apareciendo sobre la situación de los derechos humanos en Túnez, especialmente en lo que se refiere al trato a los inmigrantes", dijo la Defensora del Pueblo, compartiendo las conclusiones de su investigación.
Las autoridades tunecinas han sido acusadas de llevar a cabo palizas, detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas y desalojos forzosos contra subsaharianos, algunos de los cuales han aparecido abandonados cerca de la frontera con Libia. Mientras tanto, el presidente Kais Saied ha sido denunciado por promover la teoría racista del 'gran reemplazo'.
Basándose en esto, el organismo de control insta a la Comisión Europea a establecer "criterios detallados" que puedan desencadenar la suspensión de los fondos de la UE en caso de que se detecten violaciones de los derechos fundamentales en Túnez. En respuesta a ello, una Comisión dijo que "tomaban nota" de las conclusiones y que "está dispuesta a estudiar formas de posibles mejoras, especialmente relacionadas con la supervisión de los derechos humanos."
El acuerdo con Túnez, también conocido como 'memorándum de entendimiento', se estructura en torno a varias dotaciones financiadas por la UE en ámbitos temáticos, incluidos 150 millones de euros para apoyar la tambaleante economía tunecina y 105 millones para mejorar la gestión de las fronteras. También prevé inversiones en energías renovablesy conectividad digital. El acuerdo se alcanzó con el objetivo último de frenar las salidas irregulares de inmigrantes hacia la UE, en particular hacia Italia.
A pesar de las críticas de los legisladores progresistas y organizaciones humanitarias, que advierten de que Bruselas ha hecho la vista gorda ante los abusos de los derechos humanos y ha dado poder al presidente Saied para chantajear al bloque, la Comisión ha defendido sistemáticamente el acuerdo y ha promovido acuerdos similares conEgipto y Mauritania.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que continuará la estrategia en su segundo mandato, prometiendo desarrollar un "Pacto por el Mediterráneo". La semana pasada, Von der Leyen reivindicó el éxito de sus esfuerzos. "Si nos fijamos en la ruta del Mediterráneo Central, en la que hemos estado trabajando intensamente, en general las llegadas se han reducido un 64%", declaró.