La propuesta de la Comisión Europea solamente se aplicará a los titulares georgianos de pasaportes diplomáticos y de servicio, eximiendo a la población en general.
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha propuesto suspender el régimen de exención de visados para diplomáticos y funcionarios georgianos en respuesta a la violenta represión de los manifestantes, que llevan semanas tomando las calles para denunciar el progresivo alejamiento del partido gobernante de Europa y su acercamiento a Rusia.
Las manifestaciones, que ya van por su 22º día de una serie de protestas que comenzaron a finales de noviembre, después de que el primer ministro, Irakli Kobakhidze, anunciara inesperadamente que no proseguiría las conversaciones para el ingreso en la UE hasta 2028, a pesar de que la Constitución europea obliga a los organismos estatales a "tomar todas las medidas en el ámbito de sus competencias" para garantizar la integración del país.
La violenta represión de los manifestantes que están a favor de la UE ha provocado caóticos enfrentamientos en las calles, detenciones de figuras de la oposición, múltiples informes de heridos y cientos de arrestos, junto con acusaciones de palizas, torturas y robos a manos de la Policía.
La indignación se ha visto agravada por el cúmulo de irregularidades que empañaron las elecciones parlamentarias de octubre, en las que el partido de Kobakhidze se aseguró la mayoría.
A principios de esta semana, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, presentó la primera propuesta para sancionar a los funcionarios georgianos responsables de la represión. Sin embargo, su plan fue vetado por Hungría y Eslovaquia, que lo denunciaron como una injerencia en asuntos internos. Días después, el Reino Unido y Estados Unidos introdujeron sanciones contra un grupo de funcionarios georgianos.
Sin embargo, Kallas obtuvo el apoyo suficiente para suspender la exención de visado para los diplomáticos georgianos, medida que se considera mucho menos contundente que las sanciones.
"Es mi primer veto húngaro, pero puedo garantizar que no será el último", señaló Kallas.
"Con las sanciones, necesitamos a los 27 a bordo. Así que, por desgracia, no lo hemos conseguido. Creo que la suspensión del régimen de visados es el primer paso y, también, es simbólico".
La propuesta de la Comisión Europea, publicada el viernes, solamente requiere la mayoría cualificada de los Estados para ser aprobada, lo que priva a Hungría y Eslovaquia de su poder de veto.
El alcance de la suspensión se limita a los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, lo que significa que únicamente tendrán que obtener un visado quienes trabajen para instituciones estatales. Los Estados habían manifestado, anteriormente, su firme reticencia a aplicar la restricción a la población en general, por temor a los efectos negativos para quienes protestan en las calles.
"Los titulares georgianos de pasaportes diplomáticos y oficiales dejarán de estar sujetos a las facilidades de visado, como plazos de solicitud más cortos, tasas de visado más bajas y la obligación de presentar menos documentos justificativos", declaró la Comisión Europea en un comunicado de prensa.
La aplicación de la medida dependerá de las autoridades nacionales en un espíritu de "cooperación sincera", señaló el Ejecutivo comunitario, en lo que parece una advertencia a Hungría y Eslovaquia.
Los georgianos han disfrutado de la exención de visado para viajar a la UE desde 2017 como parte de un enfoque estratégico para profundizar los lazos con la vecindad oriental, que también se aplicó a Moldavia y Ucrania. Como resultado, los ciudadanos georgianos pueden entrar en el espacio Schengen y permanecer durante 90 días sin la necesidad de solicitar un visado.
En los últimos meses, las actuaciones del partido gobernante, Sueño Georgiano, han puesto en duda que el país cumpla los requisitos básicos para disfrutar de tal beneficio.
En su último informe, la Comisión Europea concluía que Georgia ya no cumplía todos loscriterios necesarios para viajar sin visado y pedía, entre otras cosas, la derogación de dos polémicas leyes dirigidas contra las ONG y los derechos del colectivo LGTBIQ+ que han suscitado comparaciones con el Kremlin y provocado una paralización de facto de las conversaciones de adhesión.