Los activistas luchan contra la construcción de centros de datos por su consumo energético y de agua

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Durante seis meses, los activistas Max y Eda recorrieron las calles de Marsella (Francia) para averiguar más cosas sobre los centros de datos que, según ellos, están invadiendo la ciudad. Su grupo de activistas, llamado 'Las nubes estaban bajo nuestros pies', afirma que la ciudad puede abastecer de energía a los cinco centros de datos que ocupan los edificios en torno a su famoso puerto... o electrificar la red de autobuses.

Un documento publicado en internet, que parece ser de la ciudad, afirma que estas instalaciones compiten con otros proyectos en Marsella. "Tenemos que establecer nuestras prioridades: ¿proyectos de energía verde para reducir nuestras emisiones o más Netflix?", dijo Eda.

'Euronews Next' se puso en o con el Ayuntamiento de Marsella y con EDF, la empresa nacional de electricidad de Francia, pero no obtuvo respuesta.

Los centros de datos albergan redes de ordenadores que almacenan, procesan y distribuyen grandes cantidades de datos. También desempeñan un papel crucial en el auge de la inteligencia artificial (IA) generativa, porque las empresas necesitan estos ordenadores para entrenar sus nuevos modelos.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el consumo eléctrico de los centros de datos de todo el mundo podría duplicarse de aquí a 2026, pasando de 460 teravatios/hora (TWh) en 2022 a más de 1.000 TWh: más que todo el consumo energético de Japón.

Max y Eda, que accedieron a hablar con 'Euronews Next' utilizando seudónimos para proteger su intimidad, son dos de los muchos activistas de Europa y del mundo que se enfrentan cada vez más al uso y la construcción de instalaciones en sus ciudades.

¿Qué es el activismo contra los centros de datos?

Según Sebastián Lehuedé, investigador y profesor del Kings College de Londres, el "activismo contra los centros de datos" es un movimiento que empieza a tomar forma a medida que las comunidades se dan cuenta del impacto sobre el medio ambiente de estas instalaciones. Lo impulsan activistas que ya lucharon por otros derechos o tienen conexiones con distintos grupos, como la justicia climática o los derechos digitales.

La mayoría de los grupos están en Europa o América Latina, según Lehuedé, pero lo que abarcan sus movimientos locales es muy diferente. En países como Chile y Uruguay, la cuestión contra los centros de datos es siempre el consumo de agua, señaló. Ambos países se enfrentan a sequías de larga duración que están secando los embalses y provocando escasez en sus capitales, Montevideo y Santiago.

En Europa, sin embargo, el problema estriba en la cantidad de energía de la red que se destina a los centros de datos. La Unión Europea (UE) calcula que algo menos del 3% de la generación total de energía del continente, según un anuncio en marzo. Estas instalaciones consumen mucha más energía en Irlanda y Países Bajos, con un 21% y un 5,4% de las redes nacionales respectivamente, según un informe de 2024 sobre su consumo energético en la UE.

Dado que los movimientos activistas suelen ser pequeños, Lehuedé afirma que es difícil calcular cuántas personas y comunidades pueden estar luchando contra los centros de datos. En América Latina hay grupos que colaboran compartiendo información, pero que él sepa no están formando ningún movimiento transfronterizo.

Aurora Gómez Delgado, una activista española, lucha contra la ampliación del centro de Meta en Talavera de la Reina, una pequeña ciudad de 83.000 habitantes situada a una hora al oeste de Madrid. Ha estado en o con grupos de Marsella y América Latina para hablar de un movimiento más amplio.

¿Cuándo empezó este movimiento activista?

Para Patrick Brodie, profesor del University College de Dublín que estudia la política medioambiental de las infraestructuras digitales, la cuestión se remonta a 2015. Fue entonces cuando Apple anunció un plan de 850 millones de euros para construir un centro de datos en el condado de Galway, al oeste de Irlanda, que se alimentaría de energías renovables.

El proyecto fue una noticia positiva para Irlanda en un principio, explica Brodie, pero el ingeniero medioambiental Allan Daly interpuso un recurso contra Apple ante el Tribunal Supremo, alegando que no se sabía lo suficiente sobre cómo se utilizarían las energías renovables para que el plan siguiera adelante. El proyecto de Apple en Galway se desechó en 2018.

A medio mundo de distancia, Lehuedé se encontró con activistas de centros de datos en 2019, cuando su investigación sobre derechos digitales le llevó a la comunidad de Cerrillos, a las afueras de Santiago de Chile. Algunos vecinos se habían enterado de que la ampliación de Google que se iba a construir allí requería grandes cantidades de agua, ya de por sí escasa, y estaban furiosos por ese plan, explicó.

La siguiente oleada de activismo por los centros de datos llegó en torno a 2021, según Lehuedé, con el auge de la IA. Fue entonces cuando un caso en Zeewolde, en Países Bajos, empezó a acaparar titulares. Después de que el Gobierno local aprobara una nueva instalación de Meta en 2021, el Senado neerlandés congeló el proyecto "hasta que esté lista una nueva visión gubernamental de la ordenación del territorio y los centros de datos", informaron los medios locales. Meta abandonó el proyecto en 2022.

Recientemente, los activistas han ganado algunas batallas más. En septiembre, Google dijo que se replantearía sus planes en Chile debido a la preocupación por el problema del agua. En agosto, el Consejo del Condado del Sur de Dublín, en Irlanda, rechazó los planes de Google para otra instalación en las afueras de la capital porque la ciudad no tiene suficiente energía para soportarlo.

Aun así, Lehuedé no está convencido de que estas historias estén creando un impulso real para un movimiento más amplio. "En realidad, es todo lo contrario", afirma. "Cada vez se construyen más proyectos y más Gobiernos se suben al carro para acogerlos".

Los Gobiernos se ponen al día

En Marsella, las empresas de centros de datos tienen que realizar informes de evaluación medioambiental y consultar al público sobre su propuesta, algo que la empresa Digital Realty está haciendo ahora mismo para su proyecto MRS5, explicó Eda. Una nueva ley podría cambiar esta situación, según los activistas.

Antes de las elecciones sas de verano, el Gobierno estaba trabajando en una ley de "simplificación de la vida empresarial", que designaría los centros de datos como proyectos de "gran interés nacional", como los puentes o las estaciones de tren, según el periódico francés 'Le Monde'. "Eso nos da mucho miedo", dijo Eda. "Si (el Gobierno) lo convierte en un proyecto de gran interés nacional, se saltan todo esto".

'Euronews Next' se puso en o con la oficina del primer ministro para saber si esta ley sigue en la agenda, pero no obtuvo respuesta.

Otros activistas, como el irlandés Jerry Mac Evilly, de la organización sin ánimo de lucro 'Amigos de la Tierra', y el español Gómez Delgado, piden moratorias en sus países para la construcción de centros de datos hasta que haya un plan sólido que los regule. Para Mac Evilly, se trata de un plan que limitaría el consumo energético de estas instalaciones y les obligaría a invertir en energías renovables "para reducir su dependencia de la red nacional".

Pero para Lehuedé, las moratorias no son la solución. En su lugar, quiere que las grandes empresas tecnológicas incorporen perspectivas locales desde el principio. "La comunidad local tiene que tener al conocimiento para poder formarse", señala. "Estos proyectos se están construyendo con prisas", porque los Gobiernos están esencialmente "jugando a ponerse al día" para capitalizar el auge de la IA.