El Gobierno finlandés cerró en otoño los ocho pasos fronterizos que comparte con Rusia, por razones de "seguridad nacional". Las ONG denuncian que la medida pone en peligro la vida de cientos de solicitantes de asilo. Nuestro corresponsal Julián López fue a conocer todos los puntos de vista.
El Gobierno finlandés cerró en otoño los ocho pasos fronterizos que comparte con Rusia, a lo largo de una frontera de casi 1400 kilómetros. La frontera permanecerá cerrada al menos hasta mediados de abril.
Las autoridades finlandesas alegaron razones de "seguridad nacional". Las ONG denuncian, sin embargo, que la medida pone en peligro la vida de cientos de solicitantes de asilo.
Las autoridades finlandesas acusan a Rusia de canalizar hacia la frontera a migrantes ilegales y ayudarles con dinero, comida, alojamiento o transporte en lo que denominan un "ataque híbrido" contra Finlandia, reciente miembro de la OTAN que se ha opuesto vehementemente a la invasión rusa de Ucrania.
Rusia niega las acusaciones.
Finlandia afirma que unos 500 inmigrantes ilegales cruzaron su frontera oriental en noviembre, una cifra superior a las anteriores medias mensuales de unas 30 personas.
El gobierno finlandés ha calificado estas llegadas de "grave amenaza para la seguridad nacional y el orden público".
Muchos de esos inmigrantes ilegales están ahora refugiados en Joutseno, un pueblo cercano, mientras se examinan sus solicitudes de asilo. El centro de acogida de solicitantes de asilo está situado a apenas 10 kilómetros en línea recta de la frontera rusa. Actualmente viven aquí unas cien personas. Las autoridades no nos permitieron acceder a las instalaciones, ni han querido concedernos ninguna entrevista. Algunos residentes sí accedieron a compartir sus historias.
Nabil, de Marruecos, confirmó por ejemplo que "la política (rusa) y el ejército nos han ayudado. Es bueno para nosotros porque es muy fácil venir aquí".
Los solicitantes de asilo no pueden ser expulsados mientras se examinan sus demandas. Esto puede llevar hasta dos años. No parece que se haya informado de ninguna expulsión a Rusia.
También visitamos la sede de la Guardia de Fronteras finlandesa en Helsinki. Marek Saareks, jefe adjunto del departamento allí presente, afirmó que las fronteras marítimas y aéreas del país permanecen abiertas, pero que en lo que respecta a su frontera terrestre con Rusia, Finlandia tiene pocas opciones: "Tenemos información de que en la zona de San Petersburgo hay miles de personas que podrían llegar a Finlandia utilizando esta ruta", afirmó.
Las ONG finlandesas han criticado la medida. Pargol Miraftab, asesora jurídica de Amnistía Finlandia, nos dijo que "tenemos derechos humanos que pertenecen a todas las personas. Y el gobierno tiene el deber de respetar estos derechos". Una asociación de binacionales ruso-finlandesas ha emprendido incluso acciones legales.
Sin embargo, encuestas recientes muestran que hasta el 80% de los finlandeses están de acuerdo con el cierre de la frontera.
Algunos afirman que si no se actúa, en dos años llegarán aquí un millón de inmigrantes ilegales.
Aunque no forma parte del programa del gobierno y obedece a motivos distintos, el cierre parece a algunos observadores un paso más hacia el endurecimiento de la política migratoria finlandesa. El gobierno, una coalición liderada por los conservadores y la extrema derecha, ha presentado planes para reducir a la mitad las cuotas de solicitantes de asilo y limitar su protección, restringir las reagrupaciones familiares y fletar vuelos de repatriación compartidos con otros países nórdicos.
Las negociaciones siguen su curso y aún no se han aprobado nuevas leyes específicas, pero los observadores coinciden en que, al igual que otros países europeos, el país está virando hacia un nuevo paradigma en materia de inmigración, para consternación de las ONG.