La reforma del artículo 35 de la ley establecerá baremos como la renta o el paro de cada autonomía para ejecutar el reparto entre comunidades, pero también las inversiones previas realizadas para acoger a estos menores.
PUBLICIDADAcuerdo entre PSOE y Junts para repartir a los menores inmigrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas y aliviar así la carga de regiones como las Islas Canarias o las Ciudades Autónomas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que establece los criterios para su distribución entre autonomías. En concreto, se trata de una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, muy criticada por los colectivos promigrantes, que deberá ser convalidada en el Congreso.
El reparto de niños y jóvenes se hará teniendo en cuenta criterios como la población (50% del baremo), la renta per cápita (13%) o la tasa de paro (15%), pero también considerará factores como el esfuerzo previo realizado por las CC.AA. (6%) o el dimensionamiento de las plazas en los centros de menores (10 %) para acogerlos. Estos dos últimos puntos suponen el meollo de las negociaciones entre socialistas e independentistas, ya que estos últimos sostienen que su esfuerzo de acogida ha sido mayor que el de otras regiones del Estado.
Dicho argumento es parcialmente cierto. Según los datos más recientes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Cataluña contaba en 2021 con 262 centros y 4.639 plazas, situándose a la cabeza del Estado y prácticamente doblando a la segunda autonomíaen cabeza, Andalucía, con 211 centros y 2.252 plazas. Sin embargo, la capacidad de acogida de las CC.AA. no es directamente proporcional al porcentaje final de menores que acaba llegando finalmente a cada una de ellas en los últimos años.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha declarado este mediodía que con este acuerdo se corrige una desigualdad histórica: "Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco por acoger mientras otros han mirado hacia otro lado y eso lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo lo que hace es corregir esta desigualdad histórica". Con el apoyo de Junts, el Gobierno se asegura parcialmente los votos necesarios para aprobar la reforma en el Congreso tras el fracaso del pasado mes de julio, siempre que otras formaciones de la frágil mayoría de investidura no se desmarquen.
El artículo 35 previo de la Ley de Extranjería, cuya última reforma data de 2009, no establecía los criterios que debe seguir el Estado para repartir a estos niños entre las distintas regiones. Según ha explicado el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, las Comunidades podrán cambiar los baremos establecidos hoy a través de la conferencia sectorial, siempre que consigan un acuerdo unánime. Su Ministerio ha dado de plazo hasta final de mes para inscribir a los menores extranjeros en un registro y así poder establecer los criterios de reparto finales para este año.
Según fuentes del Ejecutivo y los datos provisionales con los que cuentan, las autonomías que más menores recibirían serían la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y la Comunidad Valenciana (478). Las que menos deberían acoger serían Cataluña (27), Baleares (59) y País Vasco (88). El Gobierno establece además un fondo extraordinario para 2025 en relación con este tema en torno a los 100 millones de euros.
Ayuso dice que llevará el acuerdo a los tribunales y el presidente canario lo celebra
La presidenta de la Comunidad de Madrid avisa de que recurrirá a los tribunales tras conocer las cifras. "Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva", ha expresado la líder popular madrileña en la red social X, donde ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de usar a los menores como arma política.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias y socio de coalición del PP en las islas, ha celebrado en cambio el acuerdo, asegurando que es un día "importantísimo" y "feliz" para España y para las islas. El líder de Coalición Canaria considera que la reforma de la ley constituye "un sistema de protección nacional" ante la crisis migratoria. El presidente del PP canario y vicepresidente en el Gobierno de Clavijo, Manuel Domínguez, ha optado por no pronunciarse en redes sociales, aunque hace solo un mes aseguraba contundente en una radio canaria que su partido en las islas estaba a favor del reparto de inmigrantes. El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, tampoco ha hecho declaraciones al respecto.