La UE está a punto de decidir sus metas verdes para 2040. Los científicos piden a los responsables políticos que actúen basándose en la evidencia.
Los principales asesores científicos de la UE instan al bloque a no utilizar créditos de carbono internacionales para cumplir sus objetivos climáticos. En una intervención sin precedentes, el Comité Científico Asesor Europeo sobre el Cambio Climático (ESABCC) ha publicado hoy un informe en el que reprueba el plan previsto por Bruselas para debilitar sus objetivos para 2040.
Los expertos afirman que el bloque debe mantener el rumbo en la reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero un 90-95% por debajo de los niveles de 1990 para 2040, tras los recientes ataques a la agenda verde por parte del Partido Popular Europeo y las familias ultraconservadoras. "Un objetivo de reducción del 90%-95% para 2040 es factible y redunda en el interés estratégico de Europa. Necesitamos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y las tecnologías necesarias están ampliamente disponibles", afirma Jette Bredahl Jacobsen, vicepresidenta del Consejo Asesor.
Externalizar la reducción de nuestras emisiones a otros países a través de créditos de carbono sería un planteamiento erróneo a varios niveles, subrayan los científicos y los defensores del clima.
¿Cuál es el plan climático de la UE para 2040?
La UE se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y está casi en vías de reducir sus emisiones en un 55% para 2030. Pero su objetivo provisional para 2040 aún no se ha fijado jurídicamente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los responsables de clima, Wopke Hoekstra y Teresa Ribera, habían indicado anteriormente que la UE trataría de reducir sus emisiones un 90% para 2040.
Esta cifra se sitúa en el extremo inferior de lo recomendado por el ESABCC en 2023. Pero tras las críticas de algunos gobiernos, Hoekstra ha retrasado la revisión de la Ley Europea del Clima hasta el 2 de julio. Al parecer, el político neerlandés está estudiando formas de flexibilizar el objetivo para 2040, incluido el uso de créditos de carbono.
Según un marco respaldado por la ONU y acordado en la cumbre del clima COP29 del año pasado, los créditos de carbono permiten a un país pagar por proyectos de reducción de emisiones en otra nación, y contar el CO₂ ahorrado para su propio progreso. Sus partidarios afirman que estas transacciones son más rentables que las medidas nacionales y pueden ayudar a los países más pobres a obtener financiación para la acción climática.
Sus detractores, entre los que se cuentan científicos del consejo asesor, sostienen que los créditos corren el riesgo de desviar recursos de las inversiones nacionales y podrían socavar la integridad medioambiental. "Retrasar la acción o depender de los créditos internacionales de carbono supondría el riesgo de perder oportunidades vitales para modernizar la economía de la UE, crear empleos de calidad y reforzar la posición de Europa en el liderazgo de las tecnologías limpias", afirma Bredahl Jacobsen.
El ESABCC, organismo independiente encargado legalmente de hacer recomendaciones sobre política climática, nunca había hecho comentarios de este tipo sobre un debate político en curso. Su informe, de 60 páginas, señala que "solo el 16% de los créditos emitidos hasta la fecha en el marco de diversos programas de créditos de carbono ha permitido reducir realmente las emisiones".
Las ONG ecologistas se alegran de que el ESABCC adopte una postura clara. Las compensaciones internacionales son "un despilfarrodel dinero de los contribuyentes", dice Michael Sicaud-Clyet, responsable de políticas de gobernanza climática de WWF UE. "¿Por qué debemos pagar a otros países cuando podríamos invertirlo en hacer más competitivas nuestras propias industrias? Es como enviar a otro al colegio y esperar recibir tú el título y las buenas notas".
Los científicos piden también un plan de adaptación más sólido
Los créditos internacionales de carbono no son necesarios, subraya el informe. Una reducción neta nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% al 95% es factible desde el punto de vista científico y aumenta la equidad de la contribución de la UE a la mitigación mundial.
Junto a esta reducción, el Consejo Consultivo pide a la UE una mayor actuación en materia de adaptación para proteger a los ciudadanos de los crecientes riesgos climáticos. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero ya ha provocado un incremento de la temperatura global de entre 1,3 y 1,4°C, lo que ha agravado los fenómenos climáticos extremos en Europa y en todo el mundo.
Sin embargo, según los autores, la actual política de adaptación de la UE carece de objetivos mensurables y con una base jurídica sólida. "Los riesgos del cambio climático son cada vez mayores, al igual que la brecha entre lo que se necesita y lo que hay", afirma la profesora Laura Díaz Anadón, vicepresidenta del Consejo Asesor. "La UE debe aclarar su visión de la resiliencia climática y respaldarla con gobernanza, instrumentos jurídicos y objetivos mensurables. Sin un marco político de adaptación más sólido, Europa corre el riesgo de quedarse rezagada frente a los impactos del cambio climático".