Diecisiete países del llamado Sur Global han expresado su exasperación ante la legislación de la Unión Europea contra la deforestación y el impacto que podría tener en sus exportaciones de materias primas como la soja, el aceite de palma, el cacao, la carne de vacuno, el café o la madera.
PUBLICIDADLos embajadores de 17 países han descrito el reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) como un "sistema de evaluación comparativa unilateral inherentemente discriminatorio y punitivo que es potencialmente incompatible con las obligaciones de la OMC" en una carta enviada a funcionarios de la Comisión y el Parlamento de la UE a principios de este mes.
Los firmantes - procedentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Costa de Marfil, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominicana y Tailandia - piden un cambio de la legislación y un "diálogo abierto" sobre posibles medidas paliativas, en particular para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
La EUDR, que entró en vigor a finales de junio, establece criterios específicos sobre trazabilidad, certificación y procedimientos aduaneros para los productos que entran en el mercado interior de la UE con el fin de prohibir las importaciones de productos que provoquen deforestación o degradación forestal.
Los operadores y comerciantes tienen 18 meses para adaptarse a las normas EUDR, con un periodo de adaptación más largo para las microempresas y pequeñas empresas.
El nuevo sistema de clasificación
"La legislación es unilateral, ya que fue creada sin un diálogo efectivo con los países productores y sin estar respaldada por ningún acuerdo negociado a nivel internacional", ha escrito a Euronews Pedro Miguel da Costa e Silva, embajador de Brasil ante la UE.
"Somos socios de la UE en varios foros multilaterales sobre medio ambiente y en la OMC. Esperábamos un enfoque más cooperativo", ha añadido, subrayando que Brasil es "el mayor proveedor exterior de productos agrícolas de la UE".
Ha deplorado el nuevo sistema de clasificación del que depende la ley que, según dijo, se centra principalmente en los productos agrícolas y que clasifica a los países en categorías de riesgo: alto, bajo y estándar. Esto, dijo, impone condiciones diferenciadas para acceder al mercado europeo.
Para Indonesia, uno de los mayores exportadores mundiales de productos madereros, aceite de palma, cacao y café, la ley de la UE desprecia los esfuerzos de estos países por equilibrar la conservación de la naturaleza con los medios de subsistencia de la población y no les proporciona un adecuado a conocimientos especializados y asistencia financiera y técnica.
"Con este sistema unilateral de evaluación comparativa, la UE pondrá un sello a cualquier país, tanto si es partidario del medio ambiente como si se opone a él, despreciando en cierta medida sus esfuerzos por combatir el cambio climático y la deforestación en su región", ha asegurado Andri Hadi, embajador de Indonesia ante la UE.
"El enfoque único de la UE, al que se adhiere la EUDR, no tiene en cuenta las diferencias y especificidades de cada país, ya sea la flora, la fauna o su gente y sus tradiciones", ha añadido.
La carta llega incluso a sugerir que la legislación no sólo será ineficaz en sus esfuerzos por proteger los bosques de todo el mundo, sino que provocará daños colaterales como el aumento de la pobreza, el desvío de recursos y la obstaculización de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.
La Comisión Europea es consciente de las preocupaciones, pero rechaza la etiqueta de discriminatoria, ya que "también se aplicará a los productores nacionales", ha explicado a Euronews Daniela Stoycheva, responsable de prensa de Virginijus Sinkevičius, comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca.
"Por lo tanto, se aplicará de una manera ecuánime que no constituya una discriminación arbitraria o injustificable para los productores de terceros países, ni una restricción encubierta al comercio. Se ha diseñado para que sea plenamente compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio", ha añadido.
Es improbable que la UE modifique la ley
El Ejecutivo comunitario ha apuntado que se va a potenciar el diálogo, tanto bilateral como en foros multilaterales y, en el caso de Indonesia y Malasia, a través de un Grupo Operativo específico.
Pero no cabe duda de que las instituciones de Bruselas no tienen ninguna intención de cambiar la ley.
"En este momento, el reglamento es la ley del país en la UE y modificarlo requeriría un largo proceso del procedimiento legislativo ordinario de la UE, una perspectiva que actualmente no está sobre la mesa", ha dicho a Euronews David Kleimann, analista político del think tank Bruegel.
"El Servicio Europeo de Acción Exterior está actualmente muy ocupado en comunicar los requisitos de cumplimiento del reglamento en la OMC y en los países más afectados. La cuestión es realmente si la UE puede poner en marcha suficientes medidas de acompañamiento para mantener bajos los costes de cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas", ha dicho.
El Parlamento Europeo, una de las fuerzas motrices de las políticas más ambiciosas de la UE para luchar contra el cambio climático, tampoco ve con buenos ojos la idea, ya que los bosques son esenciales para el almacenamiento de dióxido de carbono.
Para Bernd Lange (S&D, Alemania), presidente de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional, la ley "envía un mensaje claro al mundo de que estamos dispuestos a asumir responsabilidades y a trabajar activamente para encontrar soluciones".
"Todo esto sólo puede ocurrir en una verdadera asociación. Señalar con el dedo y sermonear no ayudará en absoluto y no es el enfoque europeo".
"En la propia legislación se hace hincapié en actuar juntos. Por ejemplo, hemos creado un grupo de trabajo con Indonesia para la aplicación conjunta de la legislación, y hemos debatido la aplicación conjunta y las certificaciones en Brasil, donde también hemos creado un proyecto de pasarela global para la trazabilidad", ha añadido Lange.
¿Podría esto desembocar en un arbitraje de la OMC?
El principal motor de la deforestación mundial es la expansión de las tierras agrícolas, y el tema alimenta un debate político muy intenso, incluso en la UE, como se puso de manifiesto durante la reciente debacle de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que enfrentó a ecologistas y agricultores.
Con esta ley, la UE, gran consumidora de productos agrícolas, no sólo quiere reducir su papel comercial en la destrucción de los bosques, sino también demostrar al mundo sus compromisos climáticos. Sin embargo, los socios mundiales advierten de que la UE debe ser más diplomática en sus esfuerzos, sobre todo porque necesita reforzar sus alianzas si quiere depender menos de ciertos países, como China, para obtener recursos naturales críticos.
El embajador de Indonesia ha pedido que se evite cualquier "perturbación del comercio", y añadió que "llevar el caso a la OMC por el momento es demasiado pronto, ya que el reglamento aún no se ha aplicado". No obstante, ha afirmado que "es una opción y un último recurso".
Su homólogo brasileño ha defendido que "esperan que la UE esté abierta a un diálogo efectivo y real, en igualdad de condiciones, con los países productores, lo que incluye regular la legislación de forma razonable, reconociendo las prácticas de producción sostenible de los países productores".
"Debe ser extremadamente cuidadosa en el proceso de clasificación de productos y países. La realidad no se adaptará a la legislación. Es la legislación la que debe tener en cuenta y adaptarse a una realidad muy compleja y diversa", añadió.
Para el analista Kleiman, "la carta debe leerse como un grito desesperado de auxilio que la UE debería tomarse muy en serio" para apaciguar el hecho de haber presentado un reglamento "unilateral" que violaría las obligaciones de no discriminación que impone la normativa de la OMC.
Aún así, ha añadido, es poco probable que un proceso en la OMC aporte mucho a los demandantes, ya que "el GATT de la OMC establece una excepción general para las políticas que son eficaces a la hora de proteger del agotamiento los recursos naturales agotables".