Los países de la UE que no apliquen el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado por escaso margen por el Parlamento Europeo el miércoles, podrían enfrentarse a acciones legales, ha advertido el responsable de Interior del bloque.
PUBLICIDAD"Todos los Estados tienen que implementarlo y aplicarlo", declaró el jueves a 'Euronews', Ylva Johansson, la comisaria que encabezó la amplia reforma.
"Si no es así, la Comisión actuará y utilizará, si es necesario, procedimientos de infracción", añadió, "pero debo decir que estoy bastante convencida de que los Estados aplicarán ahora el Pacto con bastante rapidez".
El Nuevo Pacto es un conjunto de cinco actos legislativos interconectados cuyo objetivo es establecer normas comunes y predecibles para gestionar la acogida y reubicación de los solicitantes de asilo. Con ello se pretende pasar página a una década de reacciones caóticas y aisladas.
El año pasado, la UE recibió 1,14 millones de solicitudes de protección internacional, la cifra más alta en siete años, y registró 380.000 cruces irregulares de fronteras, la mitad de ellos por la ruta del Mediterráneo central.
Tras casi cuatro años de lentas y meticulosas negociaciones, los eurodiputados respaldaron por un estrecho margen el nuevo pacto en una votación celebrada el miércoles, despejando el camino para el visto bueno final de los Estados , previsto para finales de este mes.
Pero poco después de la votación del miércoles, el primer ministro polaco, Donald Tusk, se mostró enérgicamente en contra de la revisión, calificándola de "inaceptable" y atacando el sistema propuesto de "solidaridad obligatoria", una de las principales novedades del Nuevo Pacto.
Con este sistema, los Estados tendrán tres opciones para gestionar los flujos migratorios: reubicar a un número determinado de solicitantes de asilo, pagar 20.000 euros por cada demandante que se nieguen a reubicar o financiar apoyo operativo, como personal y equipamiento.
Bruselas aspira a 30.000 reubicaciones al año, pero insiste en que el sistema no obligará a ningún país a aceptar refugiados siempre que contribuyan mediante alguna de las otras dos opciones.
"Protegeremos a Polonia contra el mecanismo de reubicación", dijo Tusk en una rueda de prensa en Varsovia. Tusk, que pertenece a la Plataforma Cívica de centro-derecha, fue elegido primer ministro el pasado diciembre, prometiendo liderar un gobierno proeuropeo y poner fin a los ocho años de gobierno euroescéptico del partido Ley y Justicia (PiS).
Se le considera un estrecho aliado de la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero su firme rechazo al pacto ha echado un poco de agua fría sobre una reforma considerada "histórica" y un "gran logro para Europa" por la propia von der Leyen.
Hungría, otro conocido crítico del Nuevo Pacto, también expresó su censura
"Es una pena que después de nueve años desde el punto álgido de la crisis migratoria, el Parlamento haya propuesto una solución que básicamente supone una grave violación de la soberanía de los Estados nacionales", dijo el jueves Zoltán Kovács, portavoz internacional del Gobierno húngaro, durante una reunión informativa con periodistas en Bruselas.
"El Pacto no va a proporcionar una solución viable para ningún Estado miembro", añadió. Kovács insistió en que su país "hablará alto y claro en contra" del Nuevo Pacto, argumentando que no tiene en cuenta la experiencia húngara y está "condenado al fracaso".
Pero cuando se le preguntó si Budapest haría caso omiso abiertamente de las normas y se arriesgaría a ser abofeteada con un procedimiento de infracción, el portavoz fue más prudente y dijo que su gobierno aún tiene que examinar la "redacción exacta" incluida en la revisión.
En vísperas de la votación en el Parlamento, la reforma había suscitado la oposición tanto de la derecha como de la izquierda. Algunas voces progresistas consideraban que el Nuevo Pacto cedía a la presión de las fuerzas de extrema derecha y ponía en peligro los derechos humanos de los solicitantes de asilo.
Voces de extrema derecha, como la Agrupación Nacional sa, también votaron en contra de algunas partes del pacto, argumentando que sus disposiciones no van lo suficientemente lejos para proteger las fronteras.
Su aprobación llega justo a tiempo para las elecciones europeas, que se celebrarán del 6 al 9 de junio, y en las que la inmigración será una cuestión prioritaria para los votantes.
Según una encuesta exclusiva de Euronews/Ipsos, sólo el 16% de los ciudadanos de la UE apoya la política migratoria del bloque, mientras que más de la mitad (51%) se opone a ella.
Cooperación "difícil" con algunos terceros países
Otro aspecto crítico de la política migratoria de la UE es su "dimensión exterior", término amplio utilizado para referirse a los acuerdos con terceros países para frenar la salida de inmigrantes irregulares hacia Europa.
Bruselas ya ha firmado acuerdos con Túnez, Mauritania yEgipto, en virtud de los cuales se inyecta dinero de la UE en las economías de esos países a cambio de medidas específicas para reducir los flujos migratorios y reprimir a los traficantes de personas.
Los acuerdos han sido criticados por eurodiputados y defensores de los derechos humanos por no reconocer la creciente evidencia de violaciones de los derechos humanos, especialmente por parte de las autoridades tunecinas.
A pesar de no tener un acuerdo formal con Libia, la UE también ha gastado unos 59 millones de euros en reforzar los mecanismos de gestión de fronteras de las autoridades libias desde 2017, a pesar de las abrumadoras pruebas documentadas de devoluciones ilegales y trato abusivo de migrantes subsaharianos en los centros de detención libios.
"La cooperación con Libia es difícil", reconoció Johansson en su entrevista con 'Euronews'. "Y estamos teniendo opiniones firmes, por ejemplo, cuando se trata de centros de detención (...) algunos de ellos tienen condiciones realmente inaceptables".
Añadió que la UE estaba trabajando en estrecha colaboración con la Unión Africana y las Naciones Unidas para rescatar a los refugiados fuera de Libia y llevarlos a países más seguros bajo el llamado "mecanismo de tránsito de emergencia".
Pero el bloque también sigue "apoyando" a los guardacostas libios en sus operaciones de búsqueda y rescate "para que la gente no pierda realmente la vida en el Mediterráneo", añadió Johansson.
El año pasado, un informe de la ONU concluyó que los guardacostas libios -que habían recibido apoyo de la UE- habían cometido crímenes de lesa humanidad, como esclavitud sexual forzada de mujeres, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud y desapariciones forzadas.