Reducir la burocracia e impulsar la competitividad de las empresas es el objetivo de una propuesta de la Comisión Europea que pretende simplificar las obligaciones de información de las empresas. Pero los detractores consideran que esta propuesta supone un retroceso para el medio ambiente.
PUBLICIDADEl paquete Ómnibus pretende simplificar cuatro conjuntos de normas y ha tenido buen recibimiento por parte del sector empresarial, pues reduce las obligaciones de informar sobre su actuación en cuestiones medioambientales y sociales así como la diligencia debida en las cadenas de suministro.
«La competitividad es el nuevo lema de esta Comisión igual que el Pacto Verde lo era del antiguo mandato de Ursula von der Leyen. La idea es reducir la burocracia a las empresas en un 25%, con un objetivo del 35% para las pymes. La Comisión afirma que no es desregulación; solo simplificación», explica Grégoire Lory, que cubre las políticas del Pacto Verde para 'Euronews'.
La propuesta también tiene intención de eximir a las empresas más pequeñas del impuesto de importación para, así, compensar las emisiones contaminantes y ayudar a movilizar más la inversión privada. Según el ejecutivo de la UE, se ahorrarían 6300 millones de euros en costes istrativos anuales y se movilizarían 50.000 millones de euros más en inversión público-privada.
No obstante, los sindicatos y las organizaciones ecologistas temen las consecuencias, ya que solo una de cada cinco empresas estaría obligada a presentar informes medioambientales. Los controles de las cadenas de suministro estarían limitados a las 10.000 empresas más grandes.
«El debilitamiento del requisito de diligencia debida al imponer estos requisitos solo a proveedores directos es muy preocupante porque, en un número de casos considerable, el daño llega más allá de la UE. De un 80% a un 90% de abusos al medio ambiente y los derechos humanos tienen lugar fuera de la UE», declara Anaïs Berthier, directora de la oficina de ClientEarth en Bruselas.
«La Comisión quiere simplificar, no aboga por alejarse de los objetivos del Pacto Verde. Lo que intentan es alinear la competitividad con la sostenibilidad y una estrategia global de crecimiento», comenta Levin Spiegel, asesor político de Eurochambres.
Un futuro debate político acalorado
El Ejecutivo de la UE ha pedido a los colegisladores que den prioridad a este paquete, que se deberá negociar con los gobiernos de los 27 Estados y con el Parlamento Europeo.
Este promete ser un acalorado debate político y será una prueba primordial de la capacidad de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para forjar alianzas en el Parlamento Europeo.
«El PPE, de centro-derecha, que impulsó el Paquete Ómnibus, ostenta la presidencia de la Comisión, tiene el grupo más grande del Parlamento y el apoyo de muchos líderes en el Consejo Europeo. No obstante, el PPE necesitará construir una mayoría», expone Grégoire Lory.
El centro-derecha podría buscar el apoyo de partidos de derecha radical, en lugar de formar la ya tradicional coalición con los Socialdemócratas (centro-izquierda) y Renovar Europa (liberal). El Partido Verde ha sido uno de los que más se han manifestado en contra de la propuesta.
Algunos analistas señalan la situación geopolítica actual de grandes perturbaciones comerciales y carrera por los recursos como justificación para que la UE se centre en reformas que impulsen la competitividad empresarial.
Levin Spiegel está de acuerdo, y añade que Eurochambres apoya «este paso importante» con la expectativa de que se adopten nuevas medidas legislativas para hacer frente a los costes elevados de la energía y la escasez de personal cualificado.
Pero organizaciones ecologistas como ClientEarth advierten de que «no es nada estratégico a largo plazo». «La crisis climática, de biodiversidad y de contaminación no van a acabar a causa del gobierno de Trump (EE. UU.), y la UE debería aferrarse a sus valores, a sus leyes y a sus principios», comentó Anaïs Berthier.