Francia forma parte de un cuarteto de países de la UE que piden una legislación que permita imponer gravámenes adicionales a las empresas de confección que utilicen una estrategia de comercialización barata de la 'fast fashion' (en español, moda rápida)
PUBLICIDADAustria, Finlandia, Francia y los Países Bajos han pedido a sus homólogos de la UE que respalden medidas estrictas para acabar con la tendencia al despilfarro de prendas baratas y desechables, permitiendo a los gobiernos cobrar tasas a las empresas cuya estrategia de marketing promueva el consumismo de 'fast fashion' o moda rápida.
Los eurodiputados exponen sus argumentos en un documento de debate, visto por 'Euronews', que se ha distribuido entre los delegados nacionales antes de la cumbre del 17 de junio, en la que los ministros de Medio Ambiente deberán adoptar su posición sobre las propuestas para limitar el desperdicio textil y alimentario mediante enmiendas a la Directiva Marco de Residuos (DMR).
"Mientras que la cantidad de productos textiles consumidos per cápita en Europa ha aumentado espectacularmente en los últimos años, el uso medio de una prenda ha disminuido", señala la declaración conjunta. "Algunos estudios estiman incluso que algunos consumidores tiran su ropa barata después de siete u ocho usos".
La declaración cita estimaciones según las cuales el número de prendas vendidas se duplicó hasta alcanzar los 100.000 millones anuales entre 2000 y 2015, lo que refleja un enorme consumo de recursos y una situación en la que la industria es responsable de una quinta parte de la contaminación mundial del agua y del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que aumentarán hasta más de una cuarta parte en 2050 si se mantienen las tendencias actuales.
Los países piden que Europa "aproveche la oportunidad" de la reforma en curso de la legislación comunitaria sobre prevención de residuos y del Reglamento sobre diseño ecológico adoptado el mes pasado para "introducir en la legislación de la UE medidas concretas para combatir la práctica comercial de la moda ultrarrápida".
Aunque las leyes de ecodiseño se centran en hacer los productos más duraderos y reparables, Francia y sus socios señalan en su nota que investigaciones recientes sugieren que sólo alrededor de un tercio de la ropa se desecha por desgaste.
Los cuatro de la UE piden que se reconozca específicamente el impacto de las estrategias de marketing de la moda rápida en los regímenes ampliados de responsabilidad del productor destinados a que las empresas paguen por el desorden que provocan, y proponen una modificación de última hora de la propuesta de Directiva marco sobre residuos.
"Los Estados pueden exigir a las organizaciones de responsabilidad del productor que recurran a modulaciones de las tasas de RAP basadas en la durabilidad extrínseca de los productos, como el número de referencias textiles puestas en el mercado y la frecuencia de renovación de las recogidas textiles, junto con un umbral de volumen de productos por recogida", sugieren.
La activista medioambiental Theresa Mörsen, responsable de políticas de la ONG 'Zero Waste Europe', con sede en Bruselas, describió la declaración conjunta y la próxima votación del Consejo de la UE como un "momento crucial" en la lucha contra los textiles desechados y el agotamiento de los recursos.
"Estas naciones están tomando la iniciativa para abordar el núcleo de la crisis: el enorme volumen de productos textiles que inundan el mercado", afirmó Mörsen. "Hay que defender el 'principio de quien contamina paga' para pasar de centrarnos en la mera gestión de los residuos a responsabilizar a los productores".
París está elaborando actualmente una legislación nacional para frenar las prácticas comerciales de empresas como Shein y Temu, dos minoristas de ropa de propiedad china cuyo crecimiento exponencial significa que recientemente han quedado sujetas a las estrictas normas sobre servicios digitales que se aplican a las plataformas en línea con más de 45 millones de s mensuales en la UE.
Según un proyecto de ley aprobado con inusitada unanimidad por la Cámara Baja del Parlamento francés en marzo, se recaudaría una tasa basada en la huella ambiental de hasta 5 euros por artículo, que aumentaría a 10 euros en 2030, por cada artículo de moda rápida vendido. El proyecto de ley también prohibiría la comercialización directa e indirecta de estos productos, incluido el uso de influencers.
El Parlamento Europeo ya ha adoptado una postura dura respecto a la propuesta de revisión de la directiva sobre residuos. Aunque el Consejo alcance una posición común este mes, es improbable que la negociación final de la legislación de la UE comience antes de septiembre.