El presupuesto común de la Unión Europea se somete a revisión. Pero los Estados tienen pocas ganas de soltar los 100 000 millones de euros que pide la Comisión. Esto es lo que está en juego.
PUBLICIDADEl presupuesto de los 27 se aprueba para un periodo de siete años con el fin de garantizar la previsibilidad a largo plazo y evitar las perennes idas y venidas entre las capitales y las instituciones.
Los líderes de la UE, ataviados con máscaras, aprobaron en 2020 un presupuesto de 1074 billones de euros junto con un plan extraordinario de 750 000 millones para ayudar a los Estados a recuperarse de la pandemia del COVID-19, tras una maratoniana cumbre de cinco días que puso de manifiesto las profundas desavenencias entre los Estados .
Pero tras una sucesión de crisis, entre las que destaca una brutal guerra a las puertas del bloque, Bruselas considera que esta cifra ya no refleja la realidad económica.
Por eso la Comisión Europea ha propuesto una revisión por valor de casi 100 000 millones de euros, para apoyar a Ucrania, gestionar la migración, hacer frente a las catástrofes naturales y fomentar las tecnologías de vanguardia.
"Estamos en un mundo completamente distinto al de 2020", dijo en junio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando desveló por primera vez la propuesta de revisión, "y eso también se nota en nuestro presupuesto: este mundo de crisis múltiples. Hemos utilizado este presupuesto más que nunca para ser parte de la solución a estas crisis."
La Comisión quiere que los suplementos se aprueben antes de que acabe el año, presentando el dinero fresco como algo imprescindible para que el presupuesto común vuelva a ser flexible y resistente.
Sin embargo, los Estados no se lo creen, al menos no del todo.
Una reunión del Consejo Europeo en octubre, en la que los líderes no se anduvieron con rodeos a la hora de expresar su opinión sobre la revisión propuesta, puso de manifiesto la ardua lucha a la que se enfrenta Von der Leyen.
Dinero bajo el colchón
Esto es lo que pide en realidad el ejecutivo de la UE:
- 50 000 millones de euros para el Mecanismo para Ucrania, con 33.000 millones en préstamos a bajo interés y 17 000 millones en subvenciones a fondo perdido a repartir entre 2024 y 2027. La ayuda financiera contribuiría a colmar las lagunas del presupuesto ucraniano, mantener servicios esenciales, reconstruir infraestructuras críticas, atraer inversiones privadas y acelerar reformas clave.
- 15 000 millones de euros para la gestión de la migración, incluidos 3500 millones para apoyar a los refugiados sirios en Turquía y 2000 millones para los Balcanes Occidentales.
- 10 000 millones de euros para crear la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), un fondo común de dinero para promover las tecnologías de vanguardia fabricadas en la UE.
- 18****900 millones de euros para reembolsar la deuda emitida para financiar el plan de recuperación de 750 000 millones de euros, que ahora está sujeta a tipos de interés mucho más altos en comparación con su lanzamiento en 2020.
- 3000 millones de euros para reforzar el Instrumento de Flexibilidad y hacer frente a crisis imprevistas.
- 1****900 millones de euros para cubrir gastos istrativos.
De esta abultada factura de 98 800 millones de euros, 65 800 tendrían que ser sufragados directamente por los Estados . (Los 33 000 millones de euros en préstamos del Mecanismo para Ucrania se tomarían prestados de los mercados de capitales y serían reembolsados por Kiev en una fase posterior).
En medio de una ralentización económica, unos precios de la energía desorbitados y una política monetaria más restrictiva, la propuesta ha sido recibida con recelo y perplejidad por la mayoría de los líderes de la UE.
"Creo que las prioridades definidas por la Comisión Europea (...) son las correctas (...) son útiles. La cantidad propuesta hoy me parece demasiado elevada y por eso hemos pedido una reducción", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre de octubre.
Para salir del atolladero, los jefes de Estado y de Gobierno se aferraron rápidamente a la idea de la redistribución, es decir, utilizar fondos ya aprobados pero aún no gastados con cargo al presupuesto de 2021-2027 para pagar los complementos propuestos.
"Para muchos Estados , entre ellos Alemania, no es comprensible que debamos aumentar siempre el presupuesto. Es esencial que analicemos el fondo disponible y cómo puede reasignarse o utilizarse de otra manera", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz.
"Lo que decimos es: repriorizar, repriorizar, repriorizar", declaró el primer ministro holandés, Mark Rutte, famoso por liderar la coalición de los "cuatro frugales" durante las negociaciones de 2020.
Su homólogo belga, Alexander De Croo, dijo que "lo que hay sobre la mesa no es aceptable para nosotros" y advirtió de que su país podría violar las normas de déficit del bloque si pagaba.
"Es la (misma) forma en que la Comisión mira nuestro presupuesto. Si tenemos demasiado déficit, nos piden que cambiemos las prioridades y veamos si ciertas cosas pueden hacerse de forma más eficiente. Creo que eso también se aplica a las instituciones de la UE", dijo De Croo.
Von der Leyen itió que el resultado final será probablemente una "mezcla" de contribuciones nacionales y redistribución, pero añadió que esto dará lugar a "compensaciones".
Un documento oficioso redactado por España, que actualmente preside el Consejo de la UE y modera las conversaciones, calcula que financiar toda la revisión mediante redistribuciones supondría un "recorte general" de más del 30% en programas tan conocidos como Erasmus+, Horizonte Europa, EU4Health y la ayuda humanitaria.
Aumenta el ritmo
Pero no todo son nubes negras en el horizonte de Von der Leyen.
Su Mecanismo para Ucrania, dotado con 50 000 millones de euros, ha recibido una calurosa acogida casi unánime por parte de los líderes de la UE, que lo consideran un valioso instrumento para hacer más previsible a largo plazo el apoyo del bloque al país devastado por la guerra. (Y también porque el Mecanismo les haría desembolsar solo 17 000 millones de euros para las ayudas).
Solo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha mostrado públicamente en contra de la propuesta, mientras que el nuevo primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha pedido salvaguardias adicionales para proteger el dinero de los altos niveles de corrupción de Ucrania.
"La Comisión quiere más dinero para dárselo a la integración (de los inmigrantes) y a los ucranianos", dijo Orbán, "no apoyamos ninguna de ellas, faltan argumentos profesionales y políticos. Los rechazaremos".
Los otros sobres están resultando más difíciles de vender.
Aunque los gobiernos están de acuerdo en que se necesita más dinero para la inmigración, sobre todo en el contexto de las relaciones con los países de origen y tránsito, la mayoría no ha mostrado una voluntad clara de suscribir el suplemento de 15 000 millones de euros.
Esto preocupa a las naciones del sur, cuyos sistemas de asilo están a menudo sobrecargados y carecen de recursos suficientes. Durante la cumbre de octubre, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró a la prensa que la migración es "para nosotros una prioridad".
STEP, por su parte, ha despertado mucho menos entusiasmo.
Dado que el presupuesto actual ya destina varias iniciativas a la transición digital, el apetito por añadir 10 000 millones de euros más a la tecnología autóctona es escaso, aunque los gobiernos se quejen con frecuencia de la arraigada dependencia de la UE de las importaciones de fabricación extranjera.
El primer ministro portugués, António Costa, es uno de los pocos defensores de STEP, y afirma que disponer de un fondo colectivo para financiar nuevas tecnologías es "importante" para mitigar las "asimetrías" que plantea la desigual distribución de las subvenciones industriales, muy concentradas en Alemania y Francia, y poder competir con Estados Unidos y China.
En cuanto a los 19 800 millones de euros solicitados para pagar los costes de intereses, los países no cuestionan la necesidad en sí misma -ya que ésta viene impuesta externamente por los mercados de capitales-, pero algunos se preguntan si el dinero podría encontrarse en otro lugar del presupuesto existente.
Los 1900 millones de euros para istración parecen muertos al llegar: "La mayoría de los Estados rechaza la propuesta de la Comisión", reza el documento oficioso de la Presidencia española.
La revisión del presupuesto necesita 1) la aprobación unánime de los 27 Estados y 2) el consentimiento del Parlamento Europeo. Los eurodiputados han pedido 10 000 millones de euros adicionales a la revisión de 100 000 millones de la Comisión, lo que pone de manifiesto la enorme distancia de pensamiento entre las tres instituciones de la UE.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, reconoció la divergencia de puntos de vista en torno a la mesa y señaló que las tensas negociaciones son un "dilema natural y tradicional" para el bloque, y advirtió del peligro de recortar programas populares como Horizonte Europa y Erasmus+ en vísperas de las elecciones europeas de junio.
"No podemos en absoluto decir a nuestros ciudadanos que, por un lado, estamos dispuestos a no gastar más pero, al mismo tiempo, no podemos encontrar una solución para pagar porque estamos, digamos, sobreendeudados", dijo Metsola tras participar en la cumbre de octubre.
"Todavía no veo una salida".